CHANTAJE INACEPTABLE

Vuelvo a retrasar unas horas mi cita con cuantos seguís este blog. Y vuelvo a tratar un tema que puede consideréis está ya superado. Lamentablemente, no pienso que sea así. Hoy o mañana se decidirá si el Gobierno de España decide solicitar a las Cortes Generales la prórroga del Estado De Emergencia que hace diez días se vio obligado a declarar ante ese chantaje inaceptable que supuso el abandono, por parte de los controladores aéreos, de sus puestos de trabajo, convirtiendo a más de 600.000 españoles, o usuarios de nuestros aeropuertos, en rehenes de sus reivindicaciones "laborales".
No voy a entrar en el contenido de éstas, ni en sus presuntas razones. Me da igual. Es inaceptable que un servicio ESENCIAL pueda quedar a merced de un pequeño grupo de profesionales o trabajadores, tengan o no razón en sus presuntas  reivindicaciones. Como lo es que unos trabajadores en huelga se nieguen a cumplir unos servicios mínimos, como ocurrió hace no muchos meses en el Metro de Madrid. O que otro colectivo - el de los transportistas- bloquease las carreteras hace algunos meses más. Los ciudadanos no pueden ser rehenes de unos pequeños colectivos de trabajadores que tienen en su mano la paralización de servicios esenciales. Países plenamente democráticos, como Suiza, tienen claro que el derecho a la huelga no puede significar la paralización de un país. Lo que ha hecho nuestro Gobierno, al margen de la razón o no que puedan tener los controladores frente a AENA, es lo correcto. Impedir que pudiera prolongarse un caos y siguiesen causándose enormes perjuicios a cientos de millares de ciudadanos-usuarios inocentes e indefensos y al conjunto de la economía nacional. Lo hecho, el daño causado, la irresponsabilidad, es tanta que exige, además un castigo ejemplar a los culpables. Sí. Responsabilidad civil por los daños causados. Que los culpables respondan con sus bienes y con el embargo de sus sueldos futuros por las indemnizaciones que fijen los tribunales a las víctimas de esa paralización de los vuelos causada por su irresponsable abandono de sus puestos de trabajo. Responsabilidad penal, castigada con penas de cárcel, por los delitos cometidos, especificados en la Ley Aeronáutica. Y responsabilidad administrativa, castigada con suspensión de empleo y sueldo o pérdida de empleo, por abandono del puesto de trabajo. Tenemos que exigir la máxima dureza. E insisto, las razones de los controladores - esa presunta persecución de que han sido objeto por parte del Ministro Blanco o esa "provocación" del Gobierno, al fijar la fórmula para computar sus horas de trabajo- no constituyen eximente alguno de su gravísimo e irresponsable comportamiento.
Ahora se trata de que el inaceptable chantaje no se repita, coincidiendo con la Navidad. Y la verdad es que esos pocos profesionales siguen teniendo la sartén por el mango, y el mango también, y aunque el mantenimiento del Estado de Alarma sigue sin resolver la cuestión de fondo, hay que evitar un nuevo órdago como el que se produjo el pasado viernes-sábado, 3 y 4 de diciembre, que obligó a adoptar esta medida excepcional en una democracia. Sí algunas fuerzas políticas no dan su voto a favor de la petición del gobierno, se convertirán en cómplices de los chantajistas, si estos repiten el envite. ¿Cómo se resuelve definitivamente la situación? A corto plazo, resulta muy difícil. Aquí no resulta posible hacer lo que hizo la Administración Norteamericana expulsando a todos los controladores civiles y sustituyéndolos por controladores militares. No contamos con un número suficiente de éstos y además, aquí, no están homologados. Y convocar oposiciones y ampliar las plantillas actuales exige el transcurso de muchos meses. Siendo esto, desgraciadamente así, hay que ceder, como se ha venido haciendo desde 1999 hasta febrero de este año, por parte de los sucesivos Ministros de Fomento. NO. Y la única manera de que lo entienda ese colectivo es que su irresponsabilidad sea severamente castigada. Es esta también la ocasión de que se apruebe una ley que regule el Derecho de Huelga, estableciendo serias limitaciones para los servicios esenciales, como existen para la policía y los cuerpos armados. El Derecho de los ciudadanos a unos Servicios Esenciales está por encima del Derecho de huelga. Y además en este caso ni siquiera ha habido huelga, sino subversión. Un serio castigo, cuanto antes, hará que no se intente dar un nuevo GOLPE DE ESTADO civil, como ha sido ese plante de los controladores. Y mientras, garanticese, mediante su militarización, que no volverán a intentarlo.